Panamá es unos de los países más alto de la región en desigualdad en el uso del Internet, esto ha permitido un impacto en la brecha digital, por lo que se hace necesario que se implementen políticas públicas para la reducción de la desigualdad de las áreas más apartadas de país. La dificultad para aprovechar los usos beneficiosos y avanzados de Internet se ha convertido en un nuevo factor de exclusión social y de desigualdad territorial. Las diferencias en el acceso son un factor de inequidad y un lastre para el crecimiento económico. Todavía quedan amplias zonas a las que no llega la banda ancha y la cobertura disponible no solo es de mala calidad sino también insegura. Cualquier contingencia deja sin servicio a los usuarios hasta el punto de que la fragilidad de las conexiones se ha convertido en una dificultad añadida para la economía de las zonas geográficas menos dotadas. En la sociedad del conocimiento el acceso a Internet debe entenderse como un bien social de primera necesidad y si el mercado no es capaz de proveer una infraestructura de calidad, los poderes públicos deben intervenir para garantizarla. La igualdad de acceso es tan importante que debería incluirse en una eventual reforma de la Constitución como un bien social no opcional, es decir, un bien a proteger como se protege el derecho a la salud o el derecho a la educación.
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